Como en otras partes del mundo, las regulaciones sobre olores varían mucho entre los países de América del Sur. Algunos países carecen de leyes de regulación de olores pero emiten pautas de gestión de olores, como Chile, mientras que otros implementan límites de regulación, como Colombia.

Si bien el gobierno chileno aún tiene que legislar sobre las regulaciones de control de olores, ya que no existen estándares específicos para olores o compuestos que se sabe que tienen un impacto en los olores, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile emite directrices sobre la gestión del control de olores. En 2012, Chile inició la elaboración de una Estrategia de Gestión de Olores en Chile (2014-2017), cuyo objetivo es fortalecer el marco regulatorio a través de medidas en el corto, mediano y largo plazo para cuantificar, controlar y prevenir la generación de olores, abordar la gestión del problema con un enfoque integrado. En 2017, se actualizó la estrategia.

En 2020, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile presentó el primer reglamento para el manejo de olores de la industria porcina. En los próximos años, deberían publicarse otras normativas sobre olores relativas a plantas de tratamiento de aguas residuales, vertederos y fábricas de papel.

En Colombia, los últimos 6 años han visto mejoras en la regulación y restricciones relacionadas con las emisiones de olores y los lugares que generan olores ofensivos, actualizando una regulación original en vigor desde 1994. En 2011, una nueva norma (La Norma Técnica Colombiana NTC 5880) fue publicado y define un método para la determinación objetiva de la concentración de olor de una muestra de gas mediante olfatometría dinámica. En 2013 y 2014 se publicaron más normas y estándares que proporcionan un marco integral dentro del cual comprender y regular la contaminación por olores. Bokowa et al afirman:

"La implementación del esquema regulatorio [en Colombia] está enfocada a mejorar el desempeño ambiental de los procesos y actividades, entendiendo que uno de los principales efectos del uso de buenas prácticas ambientales es la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. En ese sentido, esta resolución incluye el plan de reducción del impacto de olores ofensivos —PRIO (por sus siglas en inglés) - mediante el cual la actividad o proceso propone y somete a evaluación y aprobación de la autoridad ambiental las medidas que se consideren adecuadas para la gestión de sus emisiones de olores."